Este mediodía acudiré al Palacio de Justicia en Bilbao para asistir a la inauguración del nuevo año judicial en la CAPV. Es una ceremonia protocolaria y solemne, en consonancia con la trascendencia que una sociedad democrática debe otorgar a uno de sus tres pilares. El buen funcionamiento de la justicia es una piedra angular, porque garantiza el cumplimiento de los derechos y libertades y ejerce como fiel en la balanza a la hora de restituir y recomponer los desequilibrios que pueden producirse entre los diferentes poderes democráticos.

Como es sabido, el año judicial se corresponde con un año académico y no con un año natural; de ahí que se realice en estas fechas. De hecho, hace ya algunas semanas que tuvo lugar la apertura del año en el Tribunal Supremo, que fue presidida por Felipe VI a comienzos de septiembre pasado. Y como si se hubiera tratado de la bajada del banderín de salida en una prueba de Fórmula Uno, la actividad judicial en la capital del Reino ha sido frenética desde entonces; al menos, en lo que se refiere a algunos de los casos más mediáticos relacionados con la corrupción, que han llegado ahora a las salas de juicio.

Aparentemente, el año comienza en la CAPV con un mayor sosiego, aunque ello no signifique, seguramente, una ausencia de problemas o de preocupaciones. A ellas se referirá, probablemente, este mediodía Juan Luis Ibarra, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ibarra acostumbra a pronunciar en este acto unas reflexiones atinadas y siempre interesantes. Allí estaremos para escucharlas.